Por un gobierno claro

Buscar el mejor entendimiento posible entre autoridades y ciudadanos es una cualidad común de las sociedades más desarrolladas; quien tiene derechos y obligaciones debe comprenderlos para poder cumplirlos y hacerlos valer.

Los ciudadanos, generalmente, tenemos un muy bajo conocimiento de las garantías individuales, las leyes, la organización de los poderes de la Unión, la forma en la que operan los trámites y servicios y el quehacer del gobierno en general. Esto es mucho más que un asunto de comunicación social, las causas van desde la redacción de las disposiciones y documentos hasta sus más remotas consecuencias, pasando por la operación interna de las propias instituciones. La inseguridad de las personas sobre el contenido de las disposiciones hace a éstas más débiles.

Históricamente, la redacción de las leyes la han hecho abogados pensando en abogados. Para el ciudadano común son textos incomprensibles. Exigirle el cumplimiento de un ordenamiento que no puede comprender y por lo tanto desconoce, genera además de consecuencias jurídicas, frustración e impotencia al no poder cumplir. Lo mismo sucede con el ejercicio de los derechos: la mayoría de los delitos no son denunciados, los derechos laborales a menudo son vulnerados sin que esto llegue a conocimiento de las autoridades, los usuarios de servicios financieros desconocen los términos de sus contratos, los consumidores a menudo no hacen valer sus derechos y así una larga lista de situaciones propiciadas por el desconocimiento, incomprensión y desconfianza de la sociedad.

También entre los servidores públicos, el desconocimiento e incomprensión de las disposiciones jurídicas ha sido históricamente un gran obstáculo. La causa mayoritaria de las irregularidades en el servicio público es la negligencia, ocasionada a menudo por desconocimiento o incomprensión. De esto podemos concluir que también los servidores públicos necesitan más herramientas para conocer y aplicar la ley.

Los portales de transparencia, si bien es cierto que hacen disponibles los datos para los interesados, también es cierto que actualmente el porcentaje de usuarios de Internet en México es bajo (sólo 9% de los hogares mexicanos tienen acceso a Internet según la OCDE), por lo que prácticamente la información es inaccesible para la mayoría, sin contar con que a menudo no es del todo comprensible. No basta con la mera posibilidad de que la información sea accesible, es necesario ponerla realmente a la mano de la mayoría de los ciudadanos.

La seguridad que da al individuo el conocimiento, es un elemento invaluable cuando se trata de sus derechos y obligaciones y del quehacer de su gobierno. La seguridad es el principal valor del Estado de Derecho y la principal obligación de un gobierno. El orden implica que cada una de las partes juegue el papel que le corresponde; en otras palabras, sólo una ciudadanía madura y consciente puede aspirar a vivir bajo el Imperio de la Ley.

Los gobiernos que han trabajado de manera constante en mejorar en estos aspectos, han incrementado la confianza de los ciudadanos, así como el respeto a las disposiciones y el ejercicio de los derechos.

Si observamos el trabajo de países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, encontraremos como comunes denominadores los siguientes:

Investigan y consideran el nivel de comprensión de los ciudadanos a quienes se dirige determinada información, lo que les permite difundirla en los términos correctos y genera confianza y mayor cumplimiento por parte de la gente.

Cuentan con expertos (internos o externos) en Lingüística, Redacción y materias afines, además de las tradicionales como Derecho, para lograr documentos de calidad, especialmente cuando se trata de leyes.

Desarrollan herramientas para apoyar a los servidores públicos en la realización de documentos claros y simples.

Reconocen el esfuerzo de las instituciones públicas por darse a entender a sus usuarios.

Los mensajes que en lo posible sean más simples y accesibles para la población, no implican falta de respeto, profesionalismo o falta de formalidad de las autoridades. Por el contrario, hacen sentir al ciudadano tomado en cuenta, lo involucran y comprometen pues queda a un lado la barrera de la incomprensión, que a menudo puede ser también una justificación para incumplir disposiciones u órdenes de las autoridades.